La conversación -no negada por el Presidente de la Asamblea- con un excontralor prófugo de la justicia para atacar al Fiscal, plantea varias interrogantes que afectan la moral y la institucionalidad públicas. Se colige la existencia de un entramado de poder y de lealtades que van más allá del interés ciudadano.
Los cuestionamientos al Fiscal, a la vez, apuntan a los gastos reservados que habría utilizado la Comisión del 30-S de la cual él formó parte. La pregunta es por qué, si hubo irregularidades, no se denunciaron a tiempo.
Con las acciones contra la corrupción y con la realización y los resultados de la consulta y referéndum, había la expectativa de que el país recuperara un ambiente apropiado para enfrentar problemas acuciantes como la crisis económica. Las últimas revelaciones no dan la tranquilidad requerida.
Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) que serán escogidos este día tienen la tarea urgente de revisar las designaciones hechas por unos antecesores desacreditados.
Pero el Ejecutivo y el Legislativo tienen también , en este penoso momento, la obligación de acudir a sus reservas morales para no perder la poca institucionalidad recuperada en estos meses.
Los dos poderes cuentan con herramientas para impedir que el país quede secuestrado por un juego de poderes cuya basura sigue acumulada bajo la alfombra. Es momento de mostrar si en verdad habrá o no una “cirugía mayor”.