La destitución de Ochoa

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De modo unánime, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio destituyó a Carlos Ochoa de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom).

La entidad fue pieza clave en el entramado legal que montó el anterior Gobierno para controlar las actividades informativas y de opinión. Procesos y sanciones fueron moneda corriente para poner contra la pared a quienes no repetían las verdades oficiales. El costo para la libre expresión fue alto.

Sin embargo, el Cpccs basó su decisión en una sanción administrativa previa de la Contraloría y que determinaba la destitución del funcionario, así como el pago de una multa. La auditoría estableció que Ochoa cobró valores por bonos y beneficios sin sustento legal durante su desempeño en Gamatv.

El lunes, en cambio, se sustanciará un juicio político en su contra en la Asamblea Nacional. Si bien los legisladores no podrán destituirlo, podrán censurarlo políticamente. Los interpelantes argumentan que Ochoa defendió sus intereses en lugar de cumplir con las competencias que le fueron asignadas como titular de la Superintendencia.

Más allá de nombrar al reemplazo de Carlos Ochoa -quien volvió a aceptar bajo protesta una decisión en su contra-, es importante preguntarse el papel que tendrá la Supercom de aquí en adelante. Si se habla de una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, lo menos que se puede esperar es un replanteamiento total de su razón de ser.