Los procesos por los hechos del 30 de septiembre del 2010 han recobrado actualidad a propósito de los cuestionamientos al informe que entregó, en el 2014, la Comisión dirigida por el actual fiscal General, Carlos Baca Mancheno.
El actual presidente de la Asamblea, José Serrano, en ese entonces ministro del Interior, presentó la semana pasada una denuncia para que se investigue un informe reservado sobre supuestos cobros ilícitos por parte de los comisionados. Esto como parte de una cerrada disputa entre los dos personajes.
Y el excontralor Carlos Pólit, prófugo en Miami, afirmó que la Comisión contrató servicios de edición para manipular fotos y videos sobre la insubordinación policial que terminó con una acción armada para rescatar al expresidente Correa, con muertos y heridos.
Como fruto de los lamentables hechos del 2010, se iniciaron procesos por intento de asesinato y secuestro del Presidente, así como homicidio, rebelión y sabotaje, entre otros delitos. De los 298 procesados, 76 fueron declarados inocentes, según cifras del 2017.
Hoy los procesados reclaman la amnistía o la nulidad de los juicios. Estos pedidos ya están planteados y dependerá del sistema judicial acogerlos o rechazarlos, dentro del debido proceso.
Se pudiera decir que, si la Comisión cumplió el objetivo político de sustentar la teoría del golpe, ahora el cuestionamiento a su trabajo remece los argumentos defendidos entonces con vehemencia por el Ejecutivo.