Fondos y auditorías

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En julio, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, que preside la asambleísta de Alianza País Betty Carrillo, anunció que se estudiaría el redireccionamiento del Fondo de Cesantía del Magisterio.

A ese fondo se sumaron otros 53. El debate se centró, durante todo este tiempo, en saber si los aportes del Estado se materializaron en esos fondos, y hay al respecto severas discrepancias entre el oficialismo y varios sectores sociales.

Los partícipes de los fondos aseguran que se trata del aporte privado, fruto de su trabajo y su ahorro; es decir, que el objetivo era buscar una vida mejor en el momento de la jubilación, más allá de la que esperan de la Seguridad Social.

Pero para los legisladores oficialistas el solo hecho de que haya existido algún aporte del Estado les faculta a interpretar que esos dineros, manejados de forma privada hasta estos días -y según sus partícipes de manera eficiente- ­deben pasar a manos del Banco del ­Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

El gran tema es que esta decisión legislativa, que modifica las reglas de juego, afecta a un total de USD 1 055 millones en colocaciones en dichos fondos.

Se anuncia que se practicará una auditoría para determinar con precisión el origen de los dineros y la transparencia del manejo. Pero, independientemente del resultado que arroje este análisis, la decisión parlamentaria ya está tomada, con las consiguientes molestias de los afectados, que pudieron haberse evitado con un proceso más adecuado.