Un suicidio. Fue el segundo registrado por la misma causa. Una concejala se quitó la vida porque el banco con el que adquirió una deuda para un departamento la iba a desalojar. La clase política reaccionó y aunque todavía no hay acuerdo entre los dos grandes partidos, el gobernante Partido Popular y el PSOE, de oposición, la búsqueda de soluciones impera. Los socialistas piden que se amplíe la moratoria en el cobro de cuotas atrasadas.
Muchos deudores se quedaron sin trabajo. Varios de los desahuciados eran ecuatorianos. La reportería de Diario EL COMERCIO registró plantones en las afueras de una entidad bancaria acreedora. Hay una historia más. Una mujer que mantiene a sus hijos adolescentes, que tiene a su marido en el desempleo, padece de artrosis y asma.
Tras el suicidio y el tono ascendente de la protesta, una más entre las decenas que copan las calles de España, la Asociación Española de la Banca se reunió con los diputados.
En principio hay un acuerdo que se deberá afinar. El desahucio no corre para los enfermos graves, ancianos o personas en situaciones extremas. Los afectados piden definir bien esos términos. Ya no creen en los políticos. No entienden que pueda haber gente sin casa y casas sin gente. Se refieren a las miles de viviendas desocupadas por la crisis que no tienen habitantes. Lo consideran socialmente injusto. En una pasada visita a España, el presidente Correa tomó nota y propuso -casa adentro- una reforma para evitar que la deuda sea cubierta en caso extremo con otros bienes distintos a los de la hipoteca. Ahora vuelve Correa a España a la Cumbre Iberoamericana.
El impacto de la crisis europea crece, los ecuatorianos en España esperan respuestas oficiales. Aquí y allá.