El voto electrónico deberá esperar. Así lo resolvió el Consejo Nacional Electoral, CNE. Es un acierto en muchos órdenes.
La idea, ya fue aplicada, a modo de plan piloto, en anteriores comicios y el proyecto inicial era ponerlo en práctica en las próximas elecciones presidenciales que se acercan y serán el 2017.
El Pleno del Consejo Electoral, compuesto enteramente por vocales que se los señala como afines al Régimen, tomó esta medida. Se habla de llevar el proyecto hacia una potencial puesta en vigor para futuros procesos electorales (las elecciones siguientes de alcaldes, prefectos, concejales).
Una razón de fuerza para esta decisión alude al alto costo de este tipo de tecnología, que en otras partes facilita el proceso, siempre lento, de conteo de votos.
Parece una sabia decisión, más aún atendiendo a las dificultades económicas que atraviesa el país, por los precios del petróleo, con una contracción económica innegable, con anuncio de reformulación del aparato estatal y que llevará a una reducción del Presupuesto del Estado. Hoy todo ahorro y recorte de dispendio se agradece y se explica.
Cabe comentar que estos procedimientos facilitan las cosas y que muchos países desarrollados cuentan con ellos.
Pero tampoco debemos perder de vista que en países con un fuerte control de los organismos electorales -como Venezuela- el voto electrónico ha despertado sospechas y hasta denuncias de un fraude tecnológico. Una suspicacia que, en todo caso, es preferible despejar aquí.