La Ley Orgánica de Comunicación y sus severas repercusiones en las libertades de expresión y prensa no son un asunto que pertenece al ámbito exclusivo del Ecuador. Los comentarios, observaciones y señalamientos de la comunidad internacional de ninguna manera interfieren en la soberanía, como erróneamente interpreta el Gobierno.
Los temas relativos a los derechos humanos son universales y su observación tiene ese carácter. Lo dice la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Carta Constitutiva de Naciones Unidas y lo contemplan todos los instrumentos de la Organización de Estados Americanos, la Convención Interamericana para los Derechos Humanos y el Sistema Interamericano, la CIDH y la relatoría para la Libertad de Expresión.
Al conocer los contenidos de la Ley, organismos serios y respetables como Human Rights Watch, el Comité de Protección de Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Unión de Periódicos Mundial (WAN-IFRA) y colectivos de prensa y periodistas en el continente han dejado oír su voz. Al concierto internacional de voces de medios y organizaciones se ha sumado la del relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión.
Esta lucha por el derecho de la gente no se cierra con la aprobación de la ley. Ahora tendrá una discusión planetaria, tal y como la plantea el poder político, que quiere acallar la voz plural y diversa de la gente acallando a la prensa.