Algunas veces hemos notado que por ironía, las noticias más pequeñas suelen ser las más significativas y reveladoras, pero acaso nunca resultó tan evidente como el lunes anterior, con un despacho que se originó en Moscú.
La brevísima nota internacional de prensa señaló que desesperados los rusos por los “altos niveles de corrupción que se advierten en la administración pública del país”, habían acogido con agrado la reciente iniciativa de los funcionarios oficiales: enviar a la legislatura correspondiente, un proyecto de ley que se propone obligar a todos los personajes integrantes del Gobierno y también a cada uno de los diputados “a someterse al procedimiento conocido como el detector de mentiras”.
Prácticamente difundido en todo el mundo -dicho sea de paso la corrupción también- se trata de un mecanismo que capta las variaciones que experimentan los flujos sanguíneos de cada diputado y cada empleado y de esta manera, intenta descubrir las inexactitudes de las respuestas escuchadas en cada caso.
La coyuntura de Rusia -el principal país que conformara la vieja Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas-, es bastante conocida y publicitada. No debe creerse por cierto, que la URSS estuviera libre de corrupción, pero desde cuando ocurrió el colapso, existe la impresión de que el gravísimo problema ha empeorado y que las mafias se han instalado en todos los ramos públicos y todas las jerarquías también. Luego de Boris Yeltsin y ahora con Vladimir Putin, parece que la situación colectiva ha llegado hasta extremos casi inconcebibles.
Con la fuerza de una epidemia, el fenómeno de la corrupción se ha extendido tanto, que puede afirmarse que no hay continente ni país individual que pueda estimarse libre de la enfermedad. Tristemente los ejemplos abundan dentro de América Latina y también del Ecuador. Así, los asuntos de Argentina son notorios y envuelven a los altos funcionarios gubernamentales. En Brasil fue sintomático el análisis conforme al cual la popularidad de Dilma sobre el carismático Lula, solo puede explicarse por la tolerancia del segundo comparado con la mayor rigurosidad de la primera al combatir los casos de corrupción. Ni qué decir de Venezuela; los países centroamericanos; Cuba por cierto y México y así por esta misma trayectoria de defraudación de los dinero públicos.
En el Ecuador no se advierten suficientes diligencias ni rigor frente a las múltiples denuncias presentadas particularmente en los ámbitos legislativos donde el silencio es desmoralizadora respuesta.
Solo faltaría que la tranquilidad ante el delito se hubiera vuelto tan connatural que ya ni siquiera origine reacciones fisiológicas, caso en el cual hasta el detector de mentiras resultaría impotente por la ordinaria impavidez de los acusados, al término de una prolongada carrera de irregularidades y tropelías.