Como parte de las reacciones de distintos sectores sociales a diez años de un gobierno que se caracterizó por no respetar la división de funciones, en estos días se ha hecho pública la denuncia de ex jueces que se sienten afectados por un presunto abuso de poder.
Se trata de 40 magistrados que fueron separados de sus cargos. Ellos sostienen que se debió a que sus decisiones afectaron a personas cercanas a funcionarios del anterior Gobierno.
Ahora anuncian acciones penales a través de su abogado por presunto tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito, concusión y delincuencia organizada. Asimismo, plantean la renuncia del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh.
Entre los casos que mencionan está la supuesta presión para fallar en un juicio de alimentos a favor de Ramiro Rivera, hoy procesado por el caso Odebrecht, y la presunta intervención del ex fiscal Galo Chiriboga para presionar por el caso Fondos Global.
Los denunciantes deberán sustentar sus dichos, y la autoridad tendrá que dar una explicación. El Director encargado del Consejo de la Judicatura en Guayas negó presiones a los jueces, mientras se espera para este día el pronunciamiento del Presidente.
Sería lamentable que la ‘metida de mano’ en la justicia haya llegado a esas formas deplorables. La reforma judicial, expresada en mejoras en infraestructura y recursos, no tiene sentido si no está acompañada de independencia.