12 de March de 2012 00:02

EL DECRETO LLEGÓ

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Treinta muertos, 3 000 damnificados y evacuados, 50 000 ha de tierras cultivables afectadas, daños en caminos, carreteras y obras públicas y servicios interrumpidos no fueron, durante 15 días, causa suficiente ni prioritaria para que el Gobierno nacional dictara el decreto de estado de excepción.

La declaratoria llegó apenas el viernes, luego de que el Gobernador del Guayas y la propia Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos habían minimizado la situación y considerado que no merecía la pena el estado de excepción.

Finalmente, ese decreto rige para las provincias de Manabí, El Oro, Los Ríos y Guayas, en la Costa; y Loja, en la Sierra. El estado de excepción, en este caso justificado plenamente por el desastre natural causado por la cruda temporada invernal, estará vigente por 60 días.

Esto faculta la movilización de las Fuerzas Armadas para las tareas de rescate y apoyo logístico; incluso la reparación de daños es posible.

Hace ya largas dos semanas, un sobrevuelo presidencial por helicóptero no fue una muestra suficiente para que el Mandatario declarara la medida. El clamor de alcaldes, prefectos y aun de parlamentarios, y la visita posterior de varios ministros a las zonas afectadas, dieron resultado.

La excepción por decreto llegó, aunque sea algo tarde, pero es indispensable para volcar la atención del aparato público en una tarea primordial: ocuparse de los problemas de la gente, lo cual demanda acciones oportunas y concertadas al servicio de quienes lo requieren.

Desafortunadamente la concentración en problemas políticos que el mismo Gobierno creó (la batalla con la prensa y la reacción frente a las protestas sociales), no le dejaron ver estas prioridades urgentes en la tarea de cualquier gobierno.

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