Un régimen republicano basa sus pilares en el equilibrio entre las funciones del Estado. Una justicia independiente es esencial.
Pese a ser la administración de justicia una de las preocupaciones más recurrentes, expresada en encuestas y recogida en una consulta que permitió al Gobierno acumular más poder, los discursos de quienes aspiran a llegar a Carondelet contienen o proclamas tenues o alusiones sin metodología de cambio y propuestas claras. Gutiérrez ofrece no manejar la justicia, Noboa sentenciar a los presos, Zabala la despolitizará, Acosta respetará su independencia, Lasso también observará la independencia y traerá a los ecuatorianos prófugos en el exterior. Rodas pone acento en la reforma judicial, Wray habla de una sala para el tema de la plurinacionalidad y Correa incluye el resarcimiento de derechos. Eso fue todo.
El Régimen apuntaló su consulta popular en la desafortunada frase de meterle las manos a la justicia para justificar el cambio, cuando ello puede significar la pérdida de su independencia. La pregunta que surge es si la justicia, más allá de los cambios innegables en la infraestructura, es hoy menos dependiente del poder que ayer, es más limpia y sus operadores son gente proba y capaz. Los usuarios y ciudadanos tienen la palabra frente a un tema que amerita ser ventilado públicamente, más todavía en una campaña presidencial.