Entre las protestas por la anulación de cupos otorgados por un sorteo cuestionado y la demanda legítima de los padres por alcanzar la inscripción para sus hijos en los colegios más prestigiosos, la tensa semana revela un problema recurrente.
No puede ser. Se ofrece libertad de educación y transparencia y se anuncia un sistema de sorteos, pero no se toman las precauciones suficientes para que la tecnología sea invulnerable. Algunos vivos la perforan y alteran los resultados. Y dejan fuera de la lista a alumnos que aspiraban con méritos o con ilusión a una educación de calidad. Es que los padres y sus hijos quieren que se cumpla la oferta repetida de una educación de calidad al alcance de amplios sectores sociales, especialmente de aquellos que no pueden financiar una educación privada.
Tras los primeros síntomas del problema, las autoridades tardaron en reaccionar y subestimaron lo que ocurría. Luego vinieron los correctivos pero la solución acordada entrañó otro inconveniente. Muchas personas que obtuvieron en primera instancia su cupo no querían por nada del mundo perderlo. No se resignaban y se agolpaban en los patios de los colegios o en su puerta de calle. No importaban el frío ni el sacrificio para obtener el ansiado cupo. En la reorganización se priorizó -lo cual está bien- a los alumnos con capacidades especiales y a los que habían obtenido las mejores notas.
Surge una alternativa. Transformar a colegios no tan conocidos ni prestigiosos en anexos con los nombres y la estructura y hasta algunos profesores de los colegios de mayor demanda, para atender al clamor popular.
No está bien lo que pasó, menos si ocurre en el Gobierno que proclama que la educación ya es de todos. Los responsables deben ser sancionados con todo rigor.