La política de fronteras abiertas que hoy se aplica responde a varios principios que alentó el Régimen y su bloque en la Constitución de Montecristi y que aprobaron la mayoría de ecuatorianos.
El artículo 40 de la Carta Magna considera que todas las personas tienen derecho a migrar y no se los considera ilegales. El artículo 66, numeral 14, reconoce el derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a salir y entrar en el país.
La ciudadanía universal, proclamada en principio de modo ingenuo, precipitó la llegada de extranjeros. En muchos casos las autoridades se percataron tarde del problema que se estaba ocasionando e instauraron visas para nueve países. En los cinco últimos años más de 106 000 cubanos llegaron al Ecuador. De ellos, 97 000 han salido ya.
La mayoría de cubanos quiere ir a Estados Unidos, según los testimonios recogidos. Países como Costa Rica y Panamá se sienten afectados y buscan reuniones para encontrar soluciones.
Muchos de los que se quedan acá pasan penurias. Viven en situación de hacinamiento, no consiguen trabajo fijo y en muchos casos son víctimas de explotación, ya que por su condición migratoria hay personas que les pagan mucho menos del salario básico y sin seguridad social. Hay varios casos de xenofobia generados por su situación inestable.
El discrimen y la falta de oportunidades de trabajo de acuerdo a parámetros mínimos también los sufren muchos ecuatorianos obligados a ir a otros países en busca de mejor fortuna, y es una ironía que en nuestro país se discrimine a los ciudadanos que vienen de otras partes.
Las condiciones sociales, la pobreza, la falta de oportunidades y hasta la violencia condenan a miles de seres humanos a éxodos involuntarios.