Como muchos de los discursos políticos que buscan los efectos del impacto momentáneo, pero que no siempre entrañan soluciones de fondo, se anunció que el control de armamentos pasaba a manos de las FF.AA., en abril del 2011.
No es ocioso recordar que la Constitución establece con claridad que las FF.AA. tienen como misión fundamental el cuidado de la soberanía y de la integridad territorial (art. 158 de la Carta Magna).
Como siempre ocurre, con los anuncios de hace un año y medio los operativos de los soldados en las ciudades se intensificaron, pero ahora son cada vez más esporádicos. Debe llamar la atención al Gobierno que el propio observador internacional, cuya llegada propició, recomienda en su tercer informe que las FF.AA. no deben ser empleadas en tareas de investigación. Baltasar Garzón solo lo aconseja en casos extraordinarios. Además, puntualiza que deben existir límites claros en la actividad. Este tema, el controvertido ex juez lo tiene claro.
Pero en salvaguarda de la soberanía y la integridad te-rritorial, el patrullaje de las fuerzas militares en zonas fronterizas es indispensable.
La tarea del control interno e incluso el control de armas, con el loable propósito de disminuir su uso ilegal y el número de víctimas, requiere de un entrenamiento técnico. Los patrullajes han sido labores de la Policía.
La semana pasada se descubrió un bus que iba de Sucumbíos a Colombia con 10 000 cartuchos calibre 7.62. Son los que utilizan las FARC en el arma AK-47, tradicionalmente manejada por fuerzas irregulares en Afganistán, Centroamérica y Colombia.
La seguridad en las ciudades y en la frontera vuelve de este modo a ser punto de atención central.