Un auténtico galimatías se ha formado en torno a la confusa resolución, puesta en vigencia el 23 de febrero, relativa a la afiliación voluntaria.
La polémica resolución 464 habla de una afiliación obligatoria. Ese texto contradice expresamente el mandato de otras normas legales superiores, y ha recibido un vendaval de críticas de expertos, tanto por aspectos jurídicos cuanto por la inequidad del aporte.
Muchos lo consideran un impuesto que atenta contra las economías de los nuevos aportantes que, como si todo lo antes señalado fuera poco, lo harían con base en un cálculo presuntivo.
EL COMERCIO señaló en su reportaje de ayer al menos 10 vacíos legales y técnicos. Una muestra es lo dicho en días pasados por el director de Aseguramiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Raúl López: hay obligación.
En cambio, el presidente del Directorio del IESS, Fernando Cordero, dijo en una confusa rueda de prensa que no hay obligación y señaló a López como quien debía leer un boletín pero agregó cosas por su cuenta.
Marco Morales, exdirector del IESS y expresidente del Tribunal Constitucional, destacó en varias entrevistas que el organismo constitucional ya se había pronunciado derogando la obligatoriedad de la afiliación para profesionales en libre ejercicio.
Pero las declaraciones de Fernando Cordero no bastan. Se debiera revisar la resolución para superar una norma confusa y contradictoria que puede afectar a millones de ecuatorianos.