La semana que concluyó trajo la noticia de la unidad de grupos políticos diversos que se identifican con dos temas: su oposición al Gobierno y la búsqueda de una consulta popular.
La democracia es ganar y perder, pero todos los caminos se cierran para estos grupos políticos que persiguen la consulta, con el fin de evitar que el Presidente se lance a una nueva batalla electoral.
La Constitución garantiza a los ecuatorianos juntar firmas y llevar a las urnas temas de interés. El movimiento de gobierno Alianza País logró que la Corte Constitucional -para muchos críticos, afín al Régimen- allanara el proceso por la vía de la enmienda constitucional en la Asamblea.
Hay opiniones jurídicas que sostienen que ese camino no es el apropiado y que para tratar aspectos que cambien temas fundamentales de la carta fundamental, la consulta es el mecanismo legal.
Pero los esfuerzos de varias organizaciones para conseguir el derecho a juntar firmas ha sido vano. Ora la Corte Constitucional, ora el Consejo Nacional Electoral han encontrado fallos en la formulación de las tesis y envían a los peticionarios a recurrir ante el otro organismo. Parece un juego.
Los partidos y movimientos que se juntaron ya han recibido descalificaciones. El oficialismo ve en la reunión un germen de unidad opositora. Aun si así fuera, sería una prerrogativa de las personas jurídicas y los ciudadanos. Los dirigentes de quienes se han juntado se cuidan en insistir que se trata de una unidad solo por la consulta. Es un derecho.