Está claro que no es posible el consenso si se mantienen posturas irreductibles. El lento y complejo debate que busca la promulgación de la Ley de Comunicación es la prueba más evidente de lo dicho.
A fin de año se arribó a un acuerdo político entre distintas fuerzas de la Asamblea que sobreponía algunos puntos importantes como premisas sobre las cuales construir la Ley en tan delicada materia.
Esta tiene que ver con el ejercicio pleno de una libertad esencial de la gente en democracia: la libertad de expresión como una extensión de las libertades de pensamiento, de opinión y su aplicación práctica: la libertad de prensa.
Más allá de los primeros proyectos y de un intenso debate nacional defendido con ardor desde la trinchera política gobiernista -que percibe como punto de vista contrapuesto al ejercicio de la crítica y la publicación de noticias u opiniones que no le parezcan adecuadas desde la perspectiva del poder- está la dificultad de hallar consensos mínimos en los puntos susceptibles.
En el medio, los vericuetos que encontró el poder filtraron a través de la Ley de Participación Ciudadana la intención plasmada: que los medios privados rindan cuentas de su gestión.
Es increíble que esto ocurra mientras los medios públicos que operan con los dineros de todos los ecuatorianos actúan sin norma y con abundantes recursos para promulgar la única “verdad oficial”.
El tema central de una Ley de Comunicación es la independencia del sistema y la libre gestión de los medios y su papel en una sociedad democrática, distinto y distante de los poderes públicos, y sobre todo, independiente: condiciones para promover un debate tan plural, diverso e intenso.
Sigue en pie la intención desde el poder de controlar la comunicación con un Consejo de mayoría oficialista.