En democracia, los que creen en la expresión de la gente en las urnas deben honrar su calidad de demócratas. La Ley de Comunicación merece un amplio debate en la Asamblea y la cabal observancia de los acuerdos y el marco jurídico internacional.
No cabe, no es aceptable, que se intente pasar a toda velocidad, sin suficiente debate ni espacio para observaciones, una Ley de Comunicación que ha sido imposible consensuar en largo tiempo.
La palabra empeñada del Presidente de la Asamblea y del Presidente de la Comisión de Comunicación debe prevalecer. Ellos comprometieron un acuerdo ético-político suscrito por todas las fuerzas parlamentarias.
Además hay un compromiso ético que rebasa fronteras. La normativa internacional en materia de libertad de expresión inquieta a la comunidad mundial y se apuntan observaciones severas a los riesgos que correría si algunos de los ejes del proyecto oficialista inicial y aun del proyecto que elaboró el legislador de Alianza País, Mauro Andino, prevalecen sin suficiente discusión y sin tomar en cuenta a millones de ecuatorianos que expresan discrepancias con tesis oficiales. El Gobierno declina enviar un delegado a las discusiones y advierte que ejercerá su derecho al veto. Preocupante.
El Ecuador es suscriptor de acuerdos internacionales que está llamado a respetar como parte del propio mandato de la Constitución. Por eso se impone revisar el proyecto y efectuar un alcance que contemple ese contexto internacional, en aspectos tan importantes como la participación del Estado en el consejo de regulación de contenidos y las sanciones sin proporción.
Es hora de un debate abierto, sesudo y plural por la libertad de expresión, que es la principal garantía democrática.