El Colegio Montúfar de la capital ha sido motivo de noticias durante días. No es la mejor propaganda para una institución educativa de renombre.
La remoción de profesores hacia otros establecimientos educativos, seguida de reacciones violentas de un grupo de estudiantes y la actitud de las autoridades condujeron a exacerbar las tensiones.
El poder político expuso al colegio como escenario de una de las sabatinas presidenciales hace poco. En consecuencia, no se puede comprender que una institución tomada como demostrativa ahora sea la otra cara de la moneda.
Si la autoridad quería reubicar a varios profesores, debió tener un profundo conocimiento de campo para establecer las consecuencias en la marcha interna de la institución en función del ascendente de los maestros y sus relaciones con el estudiantado.
La reacción de un grupo de educandos ante la numerosa presencia policial para restaurar el orden, tras la protesta callejera, no debe amparar ni justificar el uso de la fuerza al punto de poner en riesgo la integridad y la vida de los uniformados. Las imágenes de las grandes piedras arrojadas como proyectiles peligrosos dan la medida de la crispación y la ceguera de una reacción inaceptable.
La justicia debe ser atildada para sancionar a los responsables. Pero la autoridad de educación y el poder político deben poner de su parte para salvaguardar a la sociedad y superar el impasse por el bien colectivo y la tranquilidad de estudiantes y profesores.