En distintas instancias estatales, se constata un movimiento orientado a hurgar en resquicios que van más allá del abuso de fondos públicos, por el cual hay exfuncionarios presos, fugados e investigados. El foco se orienta a posibles abusos para concentrar el poder o para sacar del camino a los adversarios.
Mientras el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, basado en los resultados de la consulta de febrero, trabaja en la difícil tarea de desmontar algo de la estructura que, penosamente, sirvió para legitimar la acumulación de poder a nombre de una ciudadanía ausente, se aceleran otros procesos donde la justicia quedó en deuda.
La indagación del secuestro de Fernando Balda, en la cual el Fiscal General encargado ha vinculado al expresidente Correa, es uno de ellos. Se trata de un tema sumamente delicado y que debe investigarse hasta las últimas consecuencias, pese a que en la Asamblea se quiere poner cortapisas.
El mismo nivel de importancia tiene la investigación de la muerte del general Jorge Gabela. La existencia de un informe en el cual se menciona al crimen organizado contradice la conclusión de que el asesinato fue delito común y no se relacionó con las denuncias sobre la compra de siete helicópteros Dhruv.
Desde luego, hay más casos de interés público y donde el poder tomó parte, que exigen ser revisados con mucho detalle. La Fiscalía, la Contraloría, la justicia independiente, no pueden desmayar en este ejercicio indispensable.