Bonil, ahora a la Fiscalía

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Es grave. El caso Bonil que se debió dar por cerrado con la sanción de disculpa pública y reconvención a Xavier Bonilla, Bonil, entra en una nueva y riesgosa etapa.

La Superintendencia de Comunicación, ente controlador y sancionador creado por la insistencia del Gobierno y su fuerza política, no se detuvo en la dura sanción al caricaturista y al diario donde colabora, al que obligó a formular disculpas públicas durante siete días en la web, sino que ahora se afana en enviar la documentación a la Fiscalía.

Lo grave del asunto es la fundamentación en que se basó el dictamen de la Supercom. La discriminación por razones socioeconómicas pudiera entrañar una causa penal con sanción para el creativo mencionado y para el representante legal del diario porteño con una pena de entre uno a tres años de cárcel.

La situación de acoso a la libertad de expresión, en sus distintas manifestaciones durante los ocho años de este Gobierno, ha sobrepasado los límites de lo normal. Insultos, cadenas agresivas, estrujamiento y rotura de periódicos en televisión y ‘spots’ propagandísticos ofensivos tienen el afán de minar la credibilidad de los medios libres.

A esa política del Régimen se suma una Ley de Comunicación que se fija en mínimos detalles y cuya aplicación tiene a los medios y sus abogados embebidos en la defensa de cada causa, distrayendo la razón fundamental de los medios en una sociedad libre y democrática: revelar lo que el poder quiere ocultar y dar paso al debate libre y plural de las ideas.