9 de October de 2012 00:03

EL CASO OXY

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Tras largos años de análisis, el Ciadi falló en la controversia que interpuso la Oxy al Estado ecuatoriano. La decisión polémica revive el debate sobre soberanía y seguridad jurídica. El 15 de mayo del 2006 el gobierno del presidente Alfredo Palacio declaró la caducidad del contrato de Prestación de servicios de la Oxy.

La petrolífera estadounidense había vendido sus derechos y participaciones de su operación en el país a la empresa AEC sin notificar al Ecuador, lo cual obligaba a las autoridades a declarar la caducidad. La decisión se produjo al calor de la campaña electoral, por lo que se salpicó de discursos nacionalistas a un asunto jurídico complejo. La caducidad supuso el traspaso de los bienes de Oxy en el Ecuador a manos del Estado que de inmediato se hizo cargo de su voluminosa extracción de crudo. En diciembre del 2006 el presidente electo Rafael Correa se negaba a nombrar un árbitro que correspondía. Interpretaba que esa designación equivalía a aceptar la instancia de arbitraje. Los convenios internacionales son constitucionalmente mandatorios.

El fallo del viernes tuvo la inmediata reacción del Presidente: el pedido de nulidad. USD 1 770 millones es una cifra de la que el erario nacional no dispone y el tiempo que tarde la instancia de anulación hará correr más intereses. Si el país se niega a pagar las presiones podrían ser severas.

El Estado oportunamente debió llegar a un acuerdo con Oxy que evite esta engorrosa y millonaria indemnización. Desde el 2006 el país ha recibido ingresos mucho mayores del monto que ahora debe pagar pero no guardó dinero para esa posibilidad. Es grave el impacto a la imagen del país y la nueva sospecha de falta de seguridad jurídica y protección a las inversiones foráneas.

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