El lunes pasado, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), dependencia del Gobierno central, autorizó abrir cinco canteras en San Antonio de Pichincha.
Dichas extractoras se cerraron como medida de precaución por los sismos y las réplicas activadas desde el 12 de agosto y que causaron cinco víctimas mortales y daños en varias edificaciones.
Entonces se puso en duda, por parte del Presidente, la responsabilidad sobre la operación y se insinuó que era cosa del Cabildo del Distrito Metropolitano de Quito. Enseguida se comprobó que no era así y que el Poder Ejecutivo, por intermedio de Arcom era el encargado de supervigilar su operación.
La suspensión, por evidentes riesgos a la vida de los trabajadores como las tragedias ocurridas como producto de los sismos, obligaron a una presión por la demanda de material pétreo. Se lo empezó a traer de sitios más lejanos, con las consabidas recargas en los fletes y la congestión vehicular en otras carreteras distintas a aquella que conducen a la Mitad del Mundo, por la que transitan habitualmente innumerables volquetas.
Si bien la apertura alivia en algo esa demanda, para la Cámara de la Industria de la Construcción todavía se experimenta escasez, en atención a que desde San Antonio proviene la mayor cantidad de material. La construcción, en auge en los últimos años, sigue presionando.
La autoridad gubernamental solamente debe disponer nuevas aperturas si las condiciones ambientales y de seguridad se cumplen sin riesgos.