La postura oficial del Régimen del Ecuador frente la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha sido cuestionadora en estos últimos tiempos.
Aunque Ecuador ha asistido en busca de pronunciamientos en delicadas materias de este importante organismo, el estudio y los dictámenes y resoluciones de estos dos últimos años de la Comisión y su relatoría han provocado una reacción de distancia y resquemor.
Es así como luego de asistir a varias citas oficiales y argumentar en el delicado tema del alto riesgo a la libertad de expresión que corre el Ecuador, las autoridades intentaron primero desmerecer el papel de la comisión en la materia, luego iniciaron una ofensiva para desestimar sus advertencias y hasta replantearon el financiamiento del órgano.
Pero la semana pasada el Ministro de Relaciones Exteriores pidió una cita y expuso su malestar por las medidas cautelares que esta Comisión interpuso en el caso El Universo. Acto seguido invitó a la CIDH a visitar al Ecuador. Esta invitación, al menos de palabra, la formularon otros funcionarios en el pasado, pero ni el Gobierno ni la Asamblea la concretaron pese a que la relatoría observó algunos aspectos de fondo del proyecto de Ley de Comunicación que se debate todavía en el país.
Tal vez es esta una oportunidad de oro para que venga la CIDH, antes de la aprobación del proyecto, hable con el Gobierno, la Asamblea, los medios públicos y privados, con periodistas y organizaciones sociales para tomar el pulso a un tema que ya ni se discute: en Ecuador la libertad de expresión está en riesgo, máxime cuando el Presidente dice que se trata de una lucha planetaria y en el continente varios países atraviesan una delicada situación.