La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) eliminó la tasa de control aduanero que había impuesto el Ecuador.
Con la vigencia de este mecanismo, el Fisco había ingresado hasta el 6 de mayo más de USD 28 millones.
Otros países signatarios del Acuerdo de Cartagena, nuestros vecinos directos, impugnaron la medida ecuatoriana aduciendo que en la práctica se trataba de gravámenes a los productos provenientes de Colombia y de Perú.
Luego de la primera resolución de la CAN, Ecuador interpuso un recurso ante la máxima instancia que falló a favor de los dos socios del antes llamado Pacto Andino y que, junto con el país, permanecen en el acuerdo.
Pese a las explicaciones técnicas, la medida fue vista como una de las varias ensayadas para evitar que la balanza comercial siguiera afectando el flujo de dólares con las importaciones.
Los sectores productivos comerciales cuestionaron esa norma y ahora la CAN se pronuncia de modo definitivo.
La decisión se da en la coyuntura de la renovación de las autoridades del sector de Economía y Finanzas y cuando el país afronta una nueva política de expansión de acuerdos comerciales.
No se puede pretender que los países que envían productos al Ecuador abran sus fronteras si no hay tratamiento recíproco para sus mercaderías, máxime si se quiere explorar la posibilidad de abrirnos al mundo para atraer inversión y diversificar la producción para generar plazas de empleo.