La anunciada convocatoria a consulta popular y referendo llegó a la Corte Constitucional. El organismo de magistrados autoprorrogados deberá pronunciarse sobre la delicada materia.
Hace solo algo más de 2 años, el proyecto político más emblemático de la propuesta del Gobierno: la Constitución de Montecristi, entraba en vigor.
Una prosa garantista sirvió de trama para justificar la agitada propuesta de cambios que destruyeron los clásicos equilibrios de poderes que en Occidente tienen vigor desde la Revolución Francesa. Se armó así una arquitectura constitucional de cinco poderes con una supuesta participación ciudadana cuya lentitud e ineficacia hoy se cuestionan. Pronto emergieron las contradicciones y vacíos.
Ahora que se endilga culpas al pasado habrá que recordar que, 4 años después de asumir el mandato, ya el pasado inmediato es de plena responsabilidad de quienes han gobernado demoliendo instituciones y debilitando a la oposición en un ejercicio de poder concentrado sin precedentes conocidos.
Cuando también se busca responsables de la ineficacia para derrotar a la inseguridad ciudadana, se quiere evitar temas sustantivos de la reforma judicial que debió atender con premura y sensibilidad la Asamblea.
La fórmula busca pocos actores con mucho poder de decisión. Con un Presidente de nuevo en la tarima los temas tardarían más en entrar en vigencia que a través del proceso legislativo y la renovación que manda la Carta Magna.
Hace un año el Presidente dijo: “Ya tenemos nuestra nueva Constitución, ese canto a la vida de todas y de todos”. Rafael Correa decía además: “tendremos una revolución para 3, 10, 30, 300 años”. Si se aprueba el referendo habrá una Constitución distinta a la que el pueblo votó.