La semana trajo la noticia de la colocación de cámaras de seguridad en discotecas, moteles y prostíbulos. Se trata de una política pública de control y seguridad frente a la delincuencia.
Ese proceso va creciendo, como mostramos en nuestro tema desplegado ayer. Cámaras en calles y carreteras (2 459), en paradas de autobuses y en unidades de transporte (55 000 en colectivos y taxis).
El próximo reto será las cámaras en los colegios. 775 centros educativos tendrán sus cámaras de las cuales el ECU 911 ya ha colocado 86. Se trata de detectar las operaciones de mafias de la droga para introducir sus productos entre los estudiantes y la respuesta oficial ante este problema grave y creciente.
Pero la moneda, cuando hablamos de política de seguridad, tiene dos caras. Por un lado, la gente pide más medidas de control frente al que se considera un problema permanente que afecta a las personas. Las cifras se muestran como significativas. Se dice que han mejorado las cosas, pero vemos que hay otros temas conexos complicados si advertimos que cada vez se detectan cargamentos de droga y vínculos con el crimen organizado internacional.
Pero la siembra de cámaras en taxis, buses, paradas y esquinas, seguida ahora de la anunciada instalación de sitios de diversión, abre otro debate propio de los tiempos entre seguridad y privacidad. Algo que ya fue polémico en Europa por medidas policiales similares en sitios vulnerables frente a los atentados terroristas sangrientos perpetrados.