Bonos y subsidios se incluyen siempre en el debate electoral. El candidato Guillermo Lasso propuso el alza del Bono de Desarrollo Humano a USD 50. Para financiarlo ofreció cortar la millonaria propaganda gubernamental (USD 350 millones).
La réplica presidencial en la sabatina siguiente fue igualar la oferta de Lasso, y hacerlo desde el mismo enero, cuando empieza la campaña. Pero hubo una advertencia de nacionalizar la banca si ella se oponía a entregar parte de sus utilidades para ese fin.
La Asociación de Banco Privados emitió el viernes un comunicado en el que explica que el sector aporta al Estado con USD 309 millones en impuestos, tasas y contribuciones. Dijeron que no es admisible, por ende, que el sector bancario asuma cualquier costo de los proyectos gubernamentales y que podría ser ‘una limitación al legítimo derecho a la propiedad privada’.
El centro de la discusión está en el destino de las utilidades. Los bancos las consideran un derecho constitucional y recuerdan que en el sistema hay más de USD20 000 millones depositados que son de siete millones de clientes. El Presidente, en una cadena de radio, anunció el viernes que enviará un proyecto a la Asamblea para financiar el Bono con las utilidades de la banca hasta en USD 200 millones.
Surgen preguntas. ¿Si la actividad privada es legítima, conviene a la buena salud financiera del país y a su dinámica económica cobrarle más impuestos? ¿La banca es el único sector de la empresa privada que obtiene utilidades?
Una campaña electoral debe contener propuestas serias, responsables y fundamentadas. El Gobierno y los candidatos deben manejar los temas delicados con extrema madurez y tino para evitar incertidumbre y garantizar confianza.