Eficiencia, pulcritud, rigores técnicos, son las premisas con las que se debe manejar la banca pública que tiene a su cargo dinero de todos los ecuatorianos. La banca pública está obligada a alcanzar los objetivos del desarrollo y apoyo a la producción nacional sin demagogia ni clientelismo.
La banca pública debe responder ante distintas entidades de control como las superintendencias, la Junta Bancaria, el Banco Central y la propia Contraloría General del Estado.
En diciembre entregaron recursos a la banca pública que no han podido ser colocados. Como se trata de la plata de todos debemos exigir que se destierre el manejo demagógico y clientelar alentado por los caudillismos y los fines políticos que muchas veces se privilegian desde el poder.
Es necesario poner en perspectiva los auténticos fines para los que la banca pública fue creada: fomentar el desarrollo, apoyar a los que menos dinero tienen o a aquellos productores y empresarios que no puedan acceder a la banca privada por distintas razones.
Pero es menester que los dineros de los ecuatorianos, que simplemente son encomendados a las autoridades de estas instituciones, se cuiden con celo y se recuperen. La historia nefasta de las carteras vencidas, castigadas y las condonaciones politiqueras ha perforado los caudales públicos consignados en la banca, y han profundizado la crisis al pasar la factura a todo el país y postergar su desarrollo.
A más de las normas que se imponen a los bancos estatales por ser entidades públicas, los criterios técnicos que se demandan para la banca privada también deben observarse con atildado rigor.
No caben carteras hiperinfladas. Imposible aceptar que los gastos operativos sean más altos que los rendimientos.