Un mes tiene la Asamblea Nacional para tramitar el proyecto llamado Ley Orgánica de Redistribución del Gasto Social. Se busca a través de nuevos impuestos financiar el aumento del Bono de Desarrollo Humano a USD 50.
El envío del proyecto es una evidente respuesta política al planteamiento del candidato Guillermo Lasso, quien ofreció incrementar esta compensación para los más pobres. El Gobierno no tenía planificado -nunca lo anunció antes- ningún ajuste al subsidio. Esta fue una idea inicial de Jamil Mahuad, seguida por todos los gobiernos que le sucedieron. Dado que el aumento del monto del bono no responde a una planificación, hay razones para pensar que su tratamiento es más bien otro episodio de campaña. En esa línea, no está por demás advertir la necesidad de que los asambleístas lo traten de manera seria y técnica; desprovistos de demagogia, en busca de vanagloria o afán persecutorio.
Un proyecto de esta naturaleza podría traer impactos en el costo operativo de la banca. Se corre el riesgo de que dicho costo sea trasladado a los usuarios del sistema, que son siete millones de ecuatorianos.
Tampoco las aclaraciones oficiales han despejado el recelo de que se rompa el sigilo bancario, en cuanto esta figura, por su propia etimología, supone prudencia en lo que se refiere a los manejos de las cuentas bancarias, máxime en un estado de cosas en que la seguridad de las personas aconseja un manejo cauteloso para preservar los bienes de la gente y su integridad.
Ninguna acción del legislador y peor de los responsables de la política nacional debe sembrar inquietud, puesto que en la confianza en el sistema se asienta su solidez y en ella, la estabilidad monetaria y la tranquilidad social.