El proyecto urgente que envió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional fue aprobado sin modificaciones, sin aceptación de sugerencias de ningún tipo, provenientes de los sectores involucrados en la obtención de los recursos que financiarán el incremento del Bono de Desarrollo Humano.
Todo nació como una repuesta política del Presidente-candidato a la oferta inicial de la campaña de Guillermo Lasso: aumentar de USD 35 a USD 50 el valor del mencionado beneficio. En el caso de Lasso, el aumento se habría concretado en el supuesto de ganar la elección presidencial y con el recorte de la millonaria propaganda oficial del Gobierno actual.
El Presidente le dio un giro: propuso el Proyecto urgente de Ley para la Redistribución del Gasto Social, una reforma tributaria focalizada en los bancos. De acuerdo con el espíritu de la que seguramente se transformará en Ley orgánica, las utilidades serían la fuente para obtener el dinero que permitirá el alza desde enero mismo. Los banqueros mostraron preocupación. La Asociación de Bancos Privados ve en riesgo los dineros confiados al sistema financiero por 7 000 000 de ecuatorianos, que suman un total de USD 20 000 millones. Fueron a la Legislatura, objetaron, argumentaron. Lo propio ocurrió con los representantes de las Cámaras de la Producción. Nada de lo planteado fue recogido, el proyecto se votó ayer martes y obtuvo 79 votos.
Sociedad Patriótica se sumó a Alianza País. En tiempo de campaña nadie quiere ser estigmatizado por defender supuestos intereses de los banqueros, pero no era pertinente mezclar una reforma de esta naturaleza con la coyuntura política. Ya todo está en manos del Presidente, el autor del proyecto y su promotor principal.