Alianza público-privada

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El frenazo de la economía -que se activó por la caída de los precios internacionales del crudo y la revalorización del dólar, entre otros factores- ha obligado al Gobierno a tomar acciones, con el fin de paliar los efectos de un escenario que se altera cada día. Un contexto que pudiera deteriorarse más en los meses posteriores.

Una de esas acciones se enmarca en el proyecto de Ley de Alianzas Público-Privadas. La época de vacas flacas que afronta el país y el agujero financiero en el Presupuesto de unos USD
8 807 millones, además de otros factores, han servido de una suerte de revulsivo para buscar un acercamiento entre los sectores público y privado. Una interacción que a todas luces resulta necesaria, no solo en la temporada de ajustes y recortes de la inversión pública.

A pesar de que por ahora solo es una iniciativa, que se halla bajo el análisis de las partes interesadas y es motivo de reuniones y consultas, las autoridades han dado un paso en la dirección correcta.

En definitiva, se pretende incentivar las inversiones públicas y privadas, que buena falta hacen para reactivar la economía ecuatoriana, cuyo crecimiento en este año sería mínimo.

En la lista de posibles incentivos, conviene resaltar en particular dos: la exención a los inversionistas del pago del Impuesto a la Renta y del Impuesto a la Salida de Divisas. En el primer caso, durante los 10 primeros años.

La experiencia de Estados exitosos demuestra que una alianza público-privada, bajo reglas claras, sí da réditos.