La Superintendencia de Compañías emitió un nuevo Reglamento para el mercado inmobiliario. La medida tiene por objeto evitar grandes estafas como las experimentadas el año pasado. Sin embargo pudiera afectar a la dinámica sectorial.
Una gran empresa que, luego se supo, fue una gran estafa, 15 empresas intervenidas que perjudicaban a los clientes motivaron a la autoridad a poner en práctica nuevas normas.
Los constructores deben ser propietarios de los terrenos, tener sus papeles en regla en la Municipalidad -algo obvio-, contar con un presupuesto equilibrado y entregar escrituras.
Pero esta normativa pudiera suponer un alto a la actividad inmobiliaria, aquella que más mueve la economía y abre fuentes de trabajo en el segmento social menos calificado de la población. Un freno puede acarrear impactos sociales y económicos.
La Asociación de Promotores Inmobiliarios a través de su presidente, Jaime Rumbea, hace una reflexión: “Se pretende atacar la informalidad imponiendo nuevas reglas a los formales”.
Muchos constructores formales, un motor auténtico de la economía, son pequeños empresarios; hay el riesgo de que ellos no tengan la suficiente reserva financiera para soportar la engorrosa y demorada tramitología nueva, y esto puede quitar velocidad a los procesos.
Toda norma, indispensable para controlar, debe entrañar el equilibrio que estimule la actividad pensando en el bienestar colectivo. Talvez se pueda revisar su rigidez.