La investigación de casos de abuso sexual a cargo de una comisión especial del Parlamento concluye que hubo negligencia, omisiones y responsabilidad política.
La difusión del informe coincidió con la salida del Presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea, quien afirma que el caso se ha politizado y niega que su decisión se vincule con el informe de la comisión Aampetra.
El ex ministro durante el gobierno de Correa y ahora asambleísta, explicó que se hicieron campañas para sensibilizar a los niños y jóvenes educandos y a la comunidad de maestros sobre los riesgos y prevención del abuso sexual.
Sin embargo, las denuncias de los casos en una institución educativa de Guayaquil y en otra entidad en Quito son solo una muestra de que los recaudos tomados por las autoridades e impartidos a los responsables de los centros educativos no fueron suficientes ni efectivos y la información no trascendió. Las consecuencias están ahí.
El país asistió horrorizado a las denuncias de niños abusados sexualmente. Los imputados en estos delitos hicieron grabaciones en sus teléfonos celulares. La sociedad pide cuentas a los responsables y acción a la justicia.
Otro caso que espeluzna, aunque no tenga relación directa con lo que ocurre en los centros de educación, es el de la denunciada red de pornografía infantil presuntamente responsable del crimen de Emilia en Loja y el ‘suicidio’ de uno de los detenidos. Al país le hace falta prevención y extremar las alertas.