Uno de los grandes objetivos nacionales, más allá del Gobierno que ejerza el mandato y sus pareceres ideológico-políticos, es aquel de la educación. Sin una educación de calidad y hasta de excelencia, y con igualdad de oportunidades para todos quienes lo merezcan, el país nunca saldrá del subdesarrollo.
La dura medida adoptada por la autoridad, tras un largo proceso, implicó el cierre de 14 universidades. 38 000 estudiantes se han visto afectados, así como 5 000 profesores y un número importante de empleados administrativos.
La forma adoptada para la clausura, con sellos y frases alusivas a la falta de calidad y la presencia de efectivos uniformados a medianoche, no es la más adecuada ni civilizada, cierto es, pero la medida es indispensable si lo que se busca es romper un círculo vicioso.
Las universidades existieron porque el sistema las aprobó y solapó durante años. Los estudiantes y los padres de familia que buscaban una opción de progreso no tienen responsabilidad y ahora pagan los platos rotos de la irresponsable actitud de la autoridad. Es verdad que desde la calificación en categoría E, hace un año, los alumnos no debieron inscribirse para el primer año y perdieron su tiempo, aunque podrían recuperar su dinero.
El sistema, más allá de alguna injusticia, debe acoger ahora a los estudiantes perjudicados. Los alumnos del último año deberán graduarse con la supervisión de interventores y los demás estudiantes tendrán una consideración de sus créditos y homologación de carreras.
Es de esperar que las demás instituciones académicas del país colaboren para la inserción estudiantil y del profesorado de la manera menos traumática posible para bien del futuro educativo del país.