Los primeros 100 días se ha vuelto un tiempo tradicional -acaso insuficiente- para evaluar a los nuevos ejecutivos seccionales.
Después de las elecciones del 23 de febrero, una parte considerable de autoridades arrancó con una nueva administración y en muchos casos con un matiz político distinto al que venía operando desde los comicios anteriores.
Eso ocurrió en Quito, Cuenca, Manta, Ibarra, Ambato, Riobamba, entre varias otras ciudades importantes del país.
La puesta a tono con la compleja trama burocrática de los concejos municipales y prefecturas, el conocimiento del cargo, la renovación de ejecutivos de las administraciones y -cómo no tomarlo en cuenta- alguna que otra novatada, suelen pasar factura en los primeros 100 días.
En muchos casos, prefectos y alcaldes toman más tiempo para acoplarse a sus funciones y a una infinidad de tareas.
Las nuevas reglas del Código Territorial, la asunción de nuevas competencias y funciones autónomas, y hasta las coyunturas imprevistas como los sismos, ponen a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades que se estrenan.
Un tema clave es el manejo de la relación de varios municipios con la dirigencia del transporte y la asunción de responsabilidades de control.
El manejo de una solución frente a tarifas represadas durante años puede ser un problema para los regímenes seccionales que, paradójicamente, al mismo tiempo tendrán que lidiar con superintendencias en un sistema que se presume autónomo y descentralizado.