El martes próximo se cumplen 10 años de una matanza ocurrida en una conocida farmacia en la ciudadela La Alborada de la ciudad de Guayaquil. El caso fue conocido ampliamente por la opinión pública en tiempos de ejercicio pleno de la libertad de expresión y prensa. Casi nadie, ni siquiera el actual Fiscal General, entonces en el estado llano y en pleno ejercicio de su profesión de abogado, se hubiese enterado del tema.
Una foto de un cronista gráfico fue el testimonio primigenio de este hecho. Los partes policiales que hablaban de una refriega y un tiroteo de fuego cruzado entre una supuesta banda criminal y efectivos policiales hubiesen sido última palabra.
Los valientes testimonios de tres mujeres, que por casualidad del destino se llaman Dolores y que sufren el vacío mayor de la pérdida de sus esposos, mantuvieron el caso vigente con sus declaraciones en los medios.
El fiscal Galo Chiriboga dijo en la audiencia de este jueves que el operativo buscaba la detención de un supuesto delincuente: “Pero lo que sucedió allí fue una grave violación a los derechos humanos, una ejecución extrajudicial”.
Hoy los imputados miembros de la Policía están procesados y el caso llama la atención, porque hay una prensa que lucha por el pleno ejercicio de su libertad para servir a la gente dando a conocer los hechos y sus consecuencias. Este es un triste caso que no duerme en el olvido.