Esta semana, el Metro de Quito estuvo en el centro de las miradas públicas, por muy distintas y poderosas razones.
Mientras la obra se abre paso en medio de la complicada geografía quiteña y hay un cronograma para la construcción de estaciones, la confección de los vagones sigue adelante en el País Vasco, con fondos del Gobierno español.
A su vez, el Cabildo inicia una campaña para informar sobre los desvíos de tránsito y los flujos en los sitios aledaños a los emplazamientos de las obras físicas, mientras el alcalde Mauricio Rodas mantiene el plazo de 36 meses para entregar la obra constructiva, la más grande de la historia de la ciudad.
Pero paralelamente a estas novedades, también llamó la atención el allanamiento de la Fiscalía a las oficinas de la empresa del Metro, la retención de las computadoras y las investigaciones alrededor de una de las dos empresas del consorcio constructor, Odebrecht.
El Ministerio Público reacciona ante un pedido de la Presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Legislatura, y se apresta a investigar. Y está bien.
El país debe tener todos los detalles sobre las negociaciones. Si hay funcionarios municipales, e incluso terceras personas, que pudieran haber incurrido en irregularidades, es preciso saberlo con total transparencia.
Es deseable, al mismo tiempo, que las indagaciones fiscales sean técnicas y tarden el menor tiempo posible. Ese puede ser el motor que el Metro requiere para seguir adelante.