23 de May de 2010 00:00

El Ecuador violento

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Marco Arauz Ortega

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Los comuneros de La Cocha se dieron plazo hasta hoy para decidir el castigo que le impondrán al sospechoso de matar a otro joven campesino. Una vez descartada la posibilidad de que la sentencia fuera una inconstitucional pena de muerte, los indígenas insisten en aplicar su propia justicia, cuando es lógico que se aplique la justicia penal ordinaria.

La diligencia del fiscal Pesántez para explicarles que el caso debe quedar en manos de la justicia ordinaria fue infructuosa y arriesgada, y tampoco sirvió para dar réditos mediáticos a un funcionario que más bien debiera ocuparse, silenciosa y coordinadamente con otras autoridades, de construir estrategias efectivas para combatir la inseguridad.

Pese a estar reconocida en la Constitución, la justicia indígena plantea en los casos penales un grave problema para la administración de justicia. Suena paradójico que el Estado exija, como es lógico, que la justicia de Estados Unidos castigue a los autores del nuevo ataque contra un ecuatoriano en Nueva York, mientras tiene dificultades para ejercerla en su territorio, a causa del entusiasmo en Montecristi.

Pero la semana trajo más ejemplos sobre las complejidades que vive hoy la sociedad ecuatoriana en materia de seguridad. A través de un video, un joven quiteño se declaró culpable de haber matado en defensa propia a otro joven que supuestamente formaba parte de un grupo neonazi que agredió a una brigada que se dedica a actividades contra la violencia racial. Según la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, hay 21 denuncias presentadas en la Fiscalía, desde el 2001, por agresiones nazistas en Quito.

También esta semana, policías nacionales y municipales de Guayaquil se enfrentaron entre ellos con palos, gases y piedras a propósito de un operativo de control de vendedores ambulantes.

Mientras en las calles del país la inseguridad y la violencia van en aumento, solo un pequeño porcentaje de los casos que conoce la Fiscalía pasa a manos de los jueces. La Policía critica, con el auspicio interesado del Gobierno, a los jueces, mientras estos están sumidos en el desprestigio, pese a la proclamada reorganización del sistema judicial.

Al crecimiento del sicariato y los fallos dudosos sobre narcotráfico se juntan las facilidades que se dan que personas buscadas internacionalmente por ese delito se acojan al refugio en Ecuador.

Pero la violencia no solo está en las calles. Este Diario reveló hace cuatro semanas que las denuncias de violencia intrafamiliar pasaron entre el 2008 y el 2009 de 64 801 a 72 848, con un abrumador porcentaje de víctimas mujeres, incluyendo femicidios.

Es hora de que las autoridades pasen del diagnóstico y los planes a la acción, dejando de lado la intromisión política. Y si realmente se quiere promover una cultura de no violencia, el Gobierno debe dar el ejemplo y dejar de alentar la polarización y la descalificación.

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