León Roldós

Los días que vivimos

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No se trata de ser tremendista, sino de trasladar la percepción hoy dominante en el Ecuador, de la que solo se puede salir si se tiene la capacidad de transformar la confrontación en un esfuerzo por sumar y aun coincidir, no pretendiendo destruir o sepultar a quienes con los que se tiene diferencias.

Hay una caída de la liquidez, de la inversión, del empleo, en la cual inciden factores reales como la disminución del precio de petróleo. Pero lo más sensible es la pérdida de credibilidad, por los sesgos y las contradicciones, en un entorno de multiplicación de agravios.

El Gobierno es moroso en efectuar las transferencias y los pagos que debe realizar –en más de una década, supera en morosidad, de largo, a otras administraciones-.

Para el efecto, va desde tratar de deslegitimar algunas de las acreencias, para lo cual hay auditorías y verificaciones que se retardan, generando el pretexto de que mientras no concluyen no se puede transferir o pagar, llevando la deuda interna a montos y porcentajes sin antecedentes en las cuentas públicas, hasta la invocación a la paciencia para que esperen los acreedores, sin reconocerles intereses.

En cambio, cuando se trata de cobrar llega a lo que podría ser parte del imaginario “aunque usted no lo crea”, al fijar el costo de la mora tributaria, en la llamada Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana, Art. 7, acumulando multas a los intereses, en el 52,8% anual en dólares (4,4% mensual), que raya en usura como concepto económico. Muchos no pagan porque no pueden pagar, no por trampear; ahora se los precipitará a la quiebra.

Por otro lado, como que el Gobierno todo lo apuesta al dinero electrónico que de por sí no es bueno ni malo, sino que solo debe tener una condición indispensable: un respaldo monetario real. Un dólar electrónico sólo debe emitirse con el respaldo de un dólar efectivo, no de papeles llámense bonos, ni certificados de tesorería, ni de cualquier otra denominación. Los particulares que entreguen dólares en efectivo creen que ahí está el respaldo, pero si el sector público comienza a pagar en dinero electrónico –ya lo plantearon asambleístas de Alianza País- ¿quién asegura esa paridad: un dólar electrónico igual a un dólar efectivo?

Las dos normas que se incluyen en la Ley de Solidaridad: la posición regalona del Gobierno: si usa dinero electrónico, se le bajan cuatro puntos porcentuales del IVA, y el desmantelamiento temporal -por 12 meses- de la normativa legal para la emisión del dinero electrónico, solo sometiéndolo a la regulación de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera –modificable más rápido de lo que se dice “se persigna un cura ñato”- conspiran contra la credibilidad del respaldo uno a uno del dinero electrónico.