Marco Arauz

2017, tan cerca y tan lejos

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En lo que se volvió un hecho inusual para el movimiento gubernamental, la aprobación de la Ley de Justicia Laboral causó fisuras apenas imaginables hace pocos meses. Nueve asambleístas no asistieron la votación y 18 enviaron a sus suplentes; aunque varios han justificado su ausencia, la situación parece difícil de arreglar con los acostumbrados llamados al orden.

Una ley que trae un cambio sustancial en cuanto condiciona el 40% del aporte estatal para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), es un tema altamente sensible en los planos social y político. No se diga en el plano de la lógica, pues precisamente un fondo previsional como el de las pensiones jubilares se construye a lo largo del tiempo y no ‘cuando sea necesario’.

Pero siempre es más fácil comentar lo que pasa en el jardín del vecino que en el propio (como dice el pasillo: ‘hablemos del amor de los demás/ que nos hará reír’). Los asambleístas de AP son sigilosos al comentar su votación, pero se explayan al criticar el alejamiento de Avanza. Su líder, Ramiro González, condujo el IESS cinco años y posteriormente estuvo en el Ministerio de Industrias, hasta la noche del diferendo.

González y sus cinco asambleístas quizás piensan que es el tiempo de marcar distancias de cara a las próximas elecciones. Aunque han suavizado las diferencias que causaron el distanciamiento y dijeron que apoyarán las iniciativas legislativas positivas, es probable que hayan escogido un punto sensible como los aportes estatales a las jubilaciones para tomar un camino propio.

La salida de Avanza se traduce en menor apoyo político. Esa agrupación logró en las elecciones del 2013 cinco escaños, y en las del 2014 captó 868 dignidades seccionales, convirtiéndose en la segunda organización después de AP. Que hoy se vayan del gobierno no debe tomarse a la ligera, pues González, calificado de progresista por el presidente Correa, puede buscar su propio andarivel.

Otra novedad que marca una diferencia dentro de una atmósfera política que parecía inalterable y a prueba de fuego, es la consolidación de un observatorio del Consejo Nacional Electoral y del llamado Quinto Poder, que cuestiona la designación de vocales. Hasta hace poco era impensable que una organización de esa naturaleza tuviera eco, no solo en la ciudadanía sino en los organismos de control.

La economía, tal como sucede en todos los países, pero sobre todo en aquellos de escaso desarrollo institucional e industrial, está impactando en la política. Decisiones como las del IESS se explican por la situación fiscal creada por el petróleo barato y el dólar fuerte, pero tienen su costo. El 2017 sigue siendo un misterio pero ya se habla de la necesidad de una nueva constituyente. Se atisban nuevos escenarios y nuevos actores por culpa de la antes boyante economía.

marauz@elcomercio.org