Las autoridades colombianas y los representantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) aún no han podido destrabar el proceso de diálogo que debía empezar el pasado 27 de octubre en Quito. Mientras tanto, el gobierno ecuatoriano espera una señal desde Colombia para retomar las conversaciones que tan diligentemente se ofreció a facilitar.
Inicialmente, la principal causa del empantanamiento era la liberación que exige el régimen de Colombia de Odín Sánchez, exrepresentante de la Cámara de ese país. Este lunes el ELN respondió que solo liberará a Sánchez cuando el Gobierno indulte a dos rebeldes presos, a lo cual se había comprometido de antemano.
La posición ecuatoriana es compleja. Aprovechando esta pausa inesperada, el Ejecutivo debe sopesar los pros y contras y los alcances de su intervención.
Durante décadas, especialmente los habitantes de la frontera carchense, han sufrido las secuelas del conflicto interno colombiano. El cobro de vacunas (extorsión) ha sido una de las denuncias permanentes de hacendados y empresarios, afectados por las acciones del ELN.
Otro tema sensible es el de los secuestros. Desde 1998, unos diez ecuatorianos fueron secuestrados por el ELN. Todos fueron liberados o escaparon de su cautiverio. Aunque oficialmente no se tienen informes de otros plagiados, no se puede descartar que existan más cautivos de esa guerrilla. ¿Quién reparará a las víctimas de estos delitos?
Las negociaciones de paz que el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC llevan adelante tuvieron un duro revés hace pocas semanas, cuando la mayoría de colombianos se pronunció en contra del acuerdo. Apremiado por cumplir una agenda política, Santos no reparó en las observaciones que hicieron las víctimas sobre las concesiones a la guerrilla.
Ecuador debe repensar su papel en la negociación con el ELN. Establecer si le conviene ser un facilitador idóneo aunque ha sufrido los impactos de sus acciones delictivas.