José Ayala Lasso

Ecuador y los DD. HH. en Ginebra

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La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales forman la estructura universal de promoción y protección de los derechos humanos, objetivo fundamental de los estados y de la comunidad internacional.

Desde hace más de 40 años, el Ecuador forma parte de tales compromisos, a los que la Carta Política confiere categoría superior a la propia Constitución.

El Pacto de Derechos Civiles y Políticos dispone la creación de un Comité al cual los estados deben informar sobre el cumplimiento de sus obligaciones y las medidas adoptadas para mejorar la situación de los DD.HH.

Es una lamentable verdad que no hay estado que respete a cabalidad todos los derechos humanos. Frente a una censura, es natural que el estado involucrado pueda ejercer a plenitud su derecho a defenderse. La óptica de acusador o acusado, sobre un mismo hecho, puede ser distinta. Por esto, se concede a los representantes del estado la oportunidad de dar explicaciones en el seno del Comité.

Los estados civilizados y democráticos reconocen sus falencias, aprecian los comentarios que su conducta despierta y adoptan medidas para rectificar los abusos o errores cometidos. Los estados inmaduros y autoritarios, jamás aceptan haber violado los derechos humanos, afirman ser sus más estrictos defensores y consideran que toda denuncia es parte de un complot para desestabilizarlos, descalifican a quienes examinan su conducta, les niegan competencia jurídica y capacidad técnica y ¡anuncian su voluntad de reformarlos!

Sin embargo, pocos son los estados que, en el colmo de la soberbia, no solamente utilizan los recursos retóricos antes mencionados para defenderse sino que, además, pretenden dictar clases sobre un presunto nuevo derecho internacional y una nueva sociología revolucionaria, denuncian peligros en la sustancia de la sociedad civil y piensan que quienes cuestionan su conducta nada saben de revoluciones justicieras y actúan como defensores de los poderes fácticos.

La representación oficial ecuatoriana en Ginebra respondió a preocupaciones del Comité sobre libertad de expresión, de asociación, el uso de la fuerza para controlar manifestaciones pacíficas, el estado de excepción y sus límites. Una representación de la sociedad civil presentó también un informe con serios cuestionamientos al gobierno. El Comité entregará su informe final a mediados de julio, plazo que tiene el Ecuador para ampliar sus respuestas sobre los temas examinados y los cuestionamientos a su conducta.

Ojalá el gobierno que, a causa de las críticas recibidas, ha pretendido reformar el sistema interamericano de derechos humanos, no incluya ahora, entre sus políticas, la reforma del sistema mundial de la ONU.