Parece evidente que el Ecuador afronta una grave disyuntiva: o revisa sus políticas y programas a fin de concentrarse en la solución eficaz de sus graves problemas o se enfrasca en una confrontación que termine sepultándonos en una pendiente de impredecibles consecuencias negativas.
Los problemas de la economía mundial nos han impactado con dureza. Bien sea por haber equivocado las políticas económicas o por ser víctimas de una herencia de desaciertos, estamos viviendo una situación compleja que nos afecta a todos. No es el momento de señalar culpables. El pueblo, sin entrar en el análisis de sus causas, siente que el sumak kawsay se desvanece y que le tocará pagar facturas muy caras.
La situación política es igualmente crítica. La intolerancia y la confrontación, instrumentos escogidos por el Gobierno para imponer los cambios que ha creído necesarios, han exasperado los espíritus y fanatizado las actitudes.
En este delicado contexto, la naturaleza nos lanza tenebrosas advertencias. El fenómeno de El Niño se anuncia con caracteres especialmente graves y funestos. ¿Y qué decir del probable despertar del gigantesco volcán Cotopaxi? El Tungurahua también está desperezándose. No es posible negar que la furia telúrica se ha convertido en un peligro real.
Frente a este panorama, observamos al Ecuador radicalizado y dividido por posiciones políticas irreconciliables. El descontento popular se ha venido expresando, cada vez con mayor fuerza, en calles y plazas.
Las manifestaciones políticas pacíficas -que no por serlo dejaron de originar violencia- han sido elocuentes. Hay un criterio en el que todas ellas coinciden: el país rechaza la iniciativa gubernamental de introducir en el ordenamiento jurídico la reelección indefinida del presidente. Los argumentos para defender u oponerse a tal reforma no vienen al caso. El hecho real es que ese proyecto se ha convertido en la piedra de toque de la división que ahora existe en el país.
En tales circunstancias, si el Gobierno insiste en pedir un pronunciamiento de la Asamblea en diciembre, este podría actuar como el detonante que haga estallar la bomba del descontento y la protesta popular.
Al Ecuador no le conviene que se produzca ese escenario. El Gobierno tiene en sus manos la posibilidad de desactivar las tensiones dejando de lado su discutido proyecto de las mal llamadas enmiendas a la Constitución. Esa sería una contribución tan importante como insustituible para poner en marcha un diálogo que busque asegurar y mejorar los cambios que ya se han obtenido en cuanto a la justicia social. Se abrirían así las puertas para que el pueblo, rebelde ante las injusticias y las imposiciones, pero dúctil para contribuir a la paz social, recobre su tradición como actor en esa “isla de paz” que debe volver a ser el Ecuador.