Francisco Carrión Mena

Ecuador, Cataluña y Assange

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Siempre apoyé la concesión del asilo político a Assange por parte del Ecuador. Darle protección en la Embajada en Londres y tramitar el salvoconducto respectivo de las autoridades británicas para salir del Reino Unido era lo correcto. Las condiciones se daban para aplicar esta institución desde que puso un pie en nuestra Misión Diplomática. Era requerido por la justicia sueca para que rinda testimonio por acusaciones de inconducta sexual y, como residía en Gran Bretaña, demandaba su extradición a Estocolmo. Había pruebas suficientes para demostrar que existía una persecución política de una tercera potencia por la divulgación, no hurto, de información reservada del Departamento de Estado a través de su organización WikiLeaks.

Pero, tal como comenté en esta columna en marzo pasado, el caso Assange cambió radicalmente cuando Suecia archivó las acusaciones y retiró su pedido de extradición. Recordé, igualmente, que al decidir refugiarse en la Embajada violó las medidas cautelares que la justicia británica le había impuesto mientras se tramitaba su extradición, en particular, la de presentarse periódicamente ante una comisaría. Debía responder por esa infracción y recibir la sanción correspondiente. Como consecuencia de esta modificación de circunstancias, Assange debía salir de la Embajada, entregarse a la justicia británica y, tras cumplir con la sentencia que le impusiera, quedar en libertad.

A cambio de la protección y asilo concedidos por nuestro país en ejercicio de su soberanía, según las normas del asilo que reconoce el Ecuador, Assange no debió hacer nunca -ni hacerlo ahora- declaraciones políticas que afecten al país protector ni, por supuesto, al país ante el cual se solicita el salvoconducto.

Contraviniendo esa norma que el gobierno ecuatoriano debió hacer valer desde el primer momento, a partir de mayo, Assange se ha comportado de una manera incompatible con su estatus de asilado.

En estos últimos días, se ha pronunciado en favor de los independentistas catalanes y en contra del estado español. Nadie cuestiona lo que pueda pensar Assange sobre la delicada situación en Cataluña y su relación con su propio Estado, el español, pero, lo que es inaceptable para nuestro país es que lo haga público desde nuestra Embajada, desde territorio ecuatoriano.

Estos pronunciamientos, que no son pocos, ponen en una situación incómoda al Ecuador con relación a España, afectan nuestros intereses y ponen en entredicho el pregonado principio de no intervención. No sería de extrañar que Madrid haga saber al gobierno nacional su inconformidad de que desde nuestra Embajada en Londres se emitan mensajes tan intrusivos que pueden afectar las relaciones con ese país clave en nuestra política exterior.

fcarrion@elcomercio.org