Lolo Echeverría Echeverría

Dramatización de la política

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La publicación de la foto de los miembros de la Corte Constitucional con el titular “Ellos negaron la consulta popular”, se ha dramatizado hasta el punto de ver en ello la pretensión de desestabilizar la democracia. Antes de examinar la gravedad que se le atribuye, conviene temperar con la posibilidad de la lectura inocente que pueden haber hecho muchos ecuatorianos. Si la Corte Constitucional, para emitir un dictamen respecto del camino a seguir para las enmiendas propuestas, debía estudiar los tres procedimientos constitucionales: la enmienda por votación en la Asamblea Nacional, la enmienda por consulta popular y la enmienda por Asamblea Constituyente y, examinadas las tres posibilidades, dictaminó que una debía hacerse en Asamblea Constituyente y las restantes por votación en la Asamblea, es evidente que negó la consulta popular. El titular podía justificarse.

El Presidente de la República lo calificó como mentira y pidió la intervención del Consejo de Regulación de la Información añadiendo: “vamos a ver quién reclama, cuando yo saco la foto de un periodista mentiroso, van a la Corte Interamericana, porque están en ‘peligro’ y miren cómo sacan esto en primera plana”. Unos días después, el Presidente de la Corte Constitucional eleva el dramatismo al señalar que “el Estado no puede permitir que se propicie la venganza social, identificando a los jueces personalmente como autores de un supuesto gran delito a la institucionalidad, pretendiendo desestabilizar la democracia”.

La Corte sostiene que las decisiones no son de ningún juez en particular, sino del órgano colegiado y añade: “Quien no lo reconoce atenta contra la institucionalidad”. No sé si los otros jueces de la Corte Constitucional estén de acuerdo con esta declaración o hayan sido consultados, porque equivale a decretar la infalibilidad de los miembros de ese organismo. La ley nos obliga a acatar el dictamen pero no a estar de acuerdo con él. Comentar y opinar sobre el fallo no puede ser un desacato.

En esta descalificación de las opiniones y comentarios adversos, el titular del órgano de control constitucional ha endosado a la prensa dos nuevos delitos, el “fraude social” y la “vendetta colectiva”. Aunque no están en ningún código, ni se conoce su alcance, deben ser graves si pueden desestabilizar la democracia.

Los titulares de las funciones del Estado han despertado la suspicacia de muchos ciudadanos al dramatizar de este modo episodios que pudieron pasar desapercibidos. Se emite el dictamen en vísperas de un feriado, antes de entregar el fallo por escrito; se descalifica de antemano la posibilidad de una consulta popular o se amenaza con incluir preguntas adicionales. Todo este barullo por el simple ejercicio del derecho a promover una consulta para que se pronuncie el pueblo al que todos dicen representar y defender.