Farith Simon

7 000 dólares de pensión

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Los números que maneja el Sistema Único de Pensiones Alimenticias dan cuenta de que gran parte del debate alrededor de las reformas a las pensiones alimenticias se sustenta en información parcialmente incorrecta.

En el año 2016 existían 756 000 beneficiarios de pensiones alimenticias y 613 000 obligados a pagarlas, lo que significaba USD 457 034 013 millones. Algunos datos revelan los perjuicios: 94,19% de pensiones son menores a USD 300 mensuales; es más, un significativo 31% es menor a USD 100 y 53,56% están debajo de USD 200. Otro dato realmente preocupante: casi la tercera parte de las pensiones (31,53 %) son menores a USD 100, incluso existen registradas algunas por debajo de USD 50.

En cuanto a las pensiones más altas, la información es menos específica: 0,46% de las pensiones están entre USD 1 000 y 7 000 y 0,01% más de USD 7 000, cerca de
2 800 pensiones.

Según estas cifras, la fijación de “grandes pensiones” es un tema menor; la preocupación central debería ser cómo garantizar que los hijos e hijas puedan beneficiarse de pensiones que permitan cubrir sus necesidades, ya que la aplicación adecuada del principio de corresponsabilidad puede transparentar la capacidad de contribución económica de padres y madres y que se fijen pensiones más justas, porque no sabemos por la forma en que se toma las decisiones cuál es la distancia entre lo que se paga y lo que los niños, niñas o adolescentes requieren efectivamente para cubrir sus necesidades.

La reforma legal que se discute en la Asamblea tiene aspectos positivos, por ejemplo: obliga a los juzgadores a considerar los ingresos de padre y madre, esto podría llevar a una mejor repartición de las cargas financieras, asignando un valor al tiempo que dedica una persona (una mujer usualmente) al hogar y al cuidado de sus hijos o hijas; se proponen formas para racionalizar la aplicación de los apremios con medidas que impidan un uso abusivo y contrario a su objetivo: asegurando el cumplimiento de las obligaciones, reconociendo aquellas situaciones -extraordinarias- en las que el no pago no se debe a la desidia o irresponsabilidad de los obligados, algo que ya existe gracias a una reciente sentencia de la Corte Constitucional, mucho más detallada que la propuesta de reforma.

Un dato difícil de despreciar, hay personas que pagan hasta USD 7 000 mensuales, lo que representa USD 98 000 anuales por las dos pensiones adicionales, mucho dinero, difícil imaginar que una persona menor de 21 años requiera esa cantidad para vivir, siendo algo excepcional debe contarse con medios para asegurar un uso correcto. En el grueso de casos, con pensiones que apenas alcanzan cubrir los costos de vida.

La reforma es necesaria pero debe ajustarse para que responda efectivamente a los derechos de los beneficiarios de las pensiones de alimentos regulados en el Código de la Niñez: los hijos, y no a las pugnas de adultos con agendas e intereses propios.

@farithsimon