21 de May de 2010 00:00

Distrayendo

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Pablo Ortiz García

El proyecto de Ley de Aguas, hundido por la posición del Presidente de la República, obligó al Presidente de la Función Legislativa a intentar reflotarlo.

El nuevo ardid, como en la época de los congresistas de los manteles, ha sido llamar a consulta prelegislativa a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Esta figura se encuentra contemplada en la Constitución, exclusivamente para los indígenas, no para los pueblos afroecuatoriano y montubio.

La Carta Magna prevé como derecho colectivo de los indígenas “ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos”.

El agua es un bien perecible y escaso. Su uso no sólo afecta a los indígenas, sino a la población entera. El agua es una de las riquezas con las que cuenta Ecuador y su gente, por lo que decidir consultar a una parte de los habitantes de este país es una argucia del Legislativo, con el beneplácito del Ejecutivo.

Pero, ¿cuándo hay que efectuar la consulta? Obviamente, antes de iniciar el proceso de expedición de una ley. ¿Cómo se inicia este trámite? Con la elaboración del proyecto; continúa con su discusión en primero y segundo debate; luego con su aprobación; y, finalmente, con el envío al Presidente de la República para su promulgación.

Una consulta prelegislativa es eso, antes de comenzar el procedimiento descrito, ya que conocer las ideas de los miembros de una comunidad sirve para incorporarlas en el proyecto a discutir. La consulta no puede formularse una vez que está casi concluido el trámite en la Asamblea Nacional.

Deja de tener sustento constitucional la consulta prelegislativa si se la quiere efectuar cuando el proyecto de ley está en su fase final.

No puede ser utilizada como arma política para dividir un sector, o para tomar oxígeno ante el cierre de carreteras por el movimiento indígena que se pronunció en contra del proyecto gubernamental. Y menos aún, para intentar revertir el duro golpe que sufrió el Ejecutivo al no poder imponer esta ley en los términos deseados por el economista Correa. Segundo revés, puesto que lo mismo le ocurrió con el proyecto de Ley de Educación Superior.

La consulta prelegislativa debe ser convocada cuando realmente se afecten los derechos colectivos de pueblos ancestrales de Ecuador. No para disimular una derrota sufrida por los jeques de Carondelet, que bien pudieron haber llamado a los asambleístas a socializar su proyecto de ley (hoy el de aguas, ayer el de educación superior), en vez de intentar imponerlos contra viento y marea, en aguas que poco a poco van dejando de estar tranquilas.

El pueblo empieza a manifestarse a pesar de los remolinos y tempestades que genera el presidente Correa y sus chicos en la Asamblea Nacional.

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