Se ha planteado la necesidad de disminuir y racionalizar los subsidios, particularmente de los combustibles, que en 2012 sumaron 3 800 millones de dólares, con tendencia creciente, pues cada año se incorporan 150 000 automotores. Los gobiernos han evitado asumir este tema por el riesgo de desatar una inflación inercial y el temor a las repercusiones sociales y políticas. Pero ahora que el presidente Correa tiene un capital político grande es el momento de iniciar un proceso de desmonte de estos subsidios, en forma gradual y paulatina, monitoreando para que la subida de los precios sea tenue pero sostenida y los costos sociales y políticos sean razonables. La idea de fijar máximos al consumo de combustibles subsidiados merece apoyo. De no hacerlo, cuando venga una crisis fiscal severa se impondrán esquemas desesperados, improvisados e incontrolables.
En verdad, la decisión es difícil por las repercusiones innegables, pero para eso están los líderes y los estadistas. Se sabe que si se sube el precio de la gasolina todo sube y puede encarecer la producción y dejarnos fuera de los mercados de exportación por la consiguiente pérdida de competitividad que no se la puede subsanar con políticas cambiarias o monetarias porque no tenemos moneda propia.
Si sube el diésel se afecta a actividades importantes como la pesca y las industrias que usan combustibles subsidiados elevarían sus costos, el transporte cobraría mayores fletes y los pasajes de los buses subirían. Todo esto impactaría en la clase media que retrocedería en su nivel de vida. Para el subsidio al gas lo que piensa el Gobierno para sustituirlo con electricidad parece viable, pero está sujeto a la producción de energía nueva y barata proveniente de las hidroeléctricas que aún parece lejana.
Sincerar los precios parece teóricamente racional pero sus efectos en la estructura de la actual economía pueden ser muy riesgosos si no se actúa con cautela. Lo sensato es evitar una política de shock, de cambios abruptos, porque la economía ecuatoriana se ha estructurado con este nivel de precios en dos décadas. Quizá si se va por un camino gradualista, empezando con ajustes pequeños podríamos modular el mecanismo y ver cómo reacciona la economía a una política paulatina, cómo se absorben los nuevos costos, quiénes resultarían más afectados, cómo reajustar en el camino y en qué lapso podemos llegar a un nivel aceptable aunque no óptimo.
Pero es importante y oportuno dar una señal clara a la población para que no se siga importando tantos carros a gasolina, pensar en medios de transporte colectivo usando la nueva energía, más buses eléctricos, construir trenes eléctricos en lugar de autopistas en tramos largos y muchos otros programas que cambien la matriz de uso energético.