Jorge G. León Trujillo

Disciplinar al Legislativo y a los oponentes

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22 de April de 2013 00:02

Ecuador se desgarra en interpretaciones legales para definir posiciones políticas. Se adaptan textos legales a conveniencia de posiciones políticas y los jueces dirimen lo que los políticos deben hacer sin escudarse en la ley, deliberar razones para orientar a la ciudadanía.

Si el Presidente refuerza lo que he llamado la "judiciopolítica", la política a través de la justicia, el debate público debe desentrañar lo que está en juego tras cada acto de esta naturaleza, lo que el acto persigue y el sistema que crea .

Para un juez la denuncia del legislador Jiménez y de Villavicencio y Figueroa era maliciosa y temeraria por pedir investigación sobre el comportamiento presidencial en la sublevación policial, en particular de haber ordenado que las fuerzas militares le rescaten, que no estuvo precisamente raptado pues no estuvo incomunicado, decidía y ordenaba, que él salió y regresó al recinto policial. Esta y otras versiones se disputaron al momento de los hechos y después hubo una búsqueda de significados, del lado gubernamental o no, hasta que el Gobierno concluyó que fue un complot con ensayo de golpe de Estado. Disputa de significados, pero el Gobierno insiste en que hay una verdad y vela por imponerla: los disidentes merecerían sanción. Los hechos, sin embargo, no fueron en negro y blanco como se pretende al vaciar de sentido los conflictos institucionales con los uniformados y al simplificar el comportamiento presidencial volviéndolo simple reacción a un complot.

Una jueza diligente en la "judiciopolítica" decide luego que la denuncia no era un acto político, sino una acusación del ámbito penal, priva a Jiménez de inmunidad. Es decir, no era una disputa de significados sobre hechos públicos que se prestan a varias interpretaciones sino que existe una verdad, y al deslindarse de ella se caía en acusaciones indebidas. Que un legislador, por definición político, solo debe hacer leyes o fiscalizar, es la devaluación mayor de la representación política para alguien electo con una bandera y por un electorado que sabía que él encarnaba una oposición.

Se devalúa la representación política y se crea el silencio de los oponentes; es el abuso de la judiciopolítica. Triste que los que ayer rechazaban los abusos ahora los justifiquen por una falta de respeto al Presidente y así domestiquen al legislativo.

Cuando el ciclo político cambie ¿cómo reivindicar la indispensable inmunidad para un representante político para no ser silenciado por el poder? Adicionalmente, justifican la inquisitorial sanción de pedir perdón y la importación gringa que hace Correa de poner precio a todo acto judicial. USD 120 000 es menos que los millones de El Universo, pero un dólar ya es excesivo para dirimir la política.

El pluralismo y la tolerancia indispensables se reducen en este sistema de ganar a toda costa y de concentración del poder.